Chialvo, el derecho canónico y los abusos en la Iglesia: el zorro en el gallinero

En las últimas horas la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, Patricia Chialvo informó a través de su cuenta de twitter sobre la realización de una “reunión de Funcionarias de Niñez con el Arzobispo de Rosario Eduardo Martin. En el marco del derecho canónico y por orden del Papa Francisco, el arzobispado de Santa Fe y el de Rosario, crearon sendas comisiones internas que recibirán informes y denuncias hechos que permita aplicar las sanciones correspondientes, y, por otro lado, instar y acompañar a las víctimas a realizar las denuncias en una instancia penal”.

Se refería la Secretaria Chialvo a los mecanismos de investigación ante las reiteradas denuncias por abusos sexuales y maltratos infantiles que se han registrado no sólo en nuestra provincia, sino en todo el país y que son graves delitos tipificados en el Código Penal.

Este reconocimiento de la legitimidad de la Iglesia católica para liderar las investigaciones ante la comisión de estos delitos dentro de la propia institución, es una grave falta de apego al Estado de derecho por parte de la funcionaria cuya mayor responsabilidad es velar por la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes ante todas las vulneraciones de derechos.

Al respecto Esteban Paulón, Director Ejecutivo del IPP LGBT+ expresó “recibimos con enorme angustia los anuncios realizados por la Secretaria de derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia Patricia Chialvo, que no sólo desconocen el Estado de derecho vigente en relación a las denuncias de delitos de abuso sexual y maltrato infantil, sino que avala la injerencia de la institución responsable de dichos delitos en el proceso de denuncia e investigación de los mismos.”

Asimismo agregó “si la Iglesia tiene un rol en estos procesos, será el de responder por tantos años de encubrimiento e impunidad para con les responsables de tan aberrantes delitos que no son, como decía en su hilo de tuits la funcionaria, “hechos a los cuales aplicar sanciones”, sino delitos para los cuales el Código prevé las escalas penales correspondientes.”

Para finalizar concluyó “instamos a la Secretaria de niñez provincial a revisar el aval brindado a la estrategia dilatoria de la Iglesia, a comprometer sin ambigüedades todos los recursos estatales para la investigación y condena de los casos denunciados, y a apartar claramente a los responsables de éstos delitos de cualquier instancia investigativa. En el Estado laico el derecho canónico no existe, y los delitos se juzgan con el Código penal en la mano.”